Otra semana ha pasado en el juicio oral y público por el homicidio de Rafael Nahuel, y las última jornada de esta semana, la de ayer miércoles sucedió con el respaldo de una movilización puertas afuera del Tribunal Oral Federal de Fiske Menvko.

Las dos jornadas fueron ocupadas por los testimonios desde la virtualidad de varios peritos especialistas que intervinieron en distintas partes del proceso de investigación del homicidio y con sus declaraciones se refuerza cada vez más que el argumento del “enfrentamiento” que intenta imponer la defensa de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el operativo, es falaz y se cae a pedazos.

El martes fue el turno de Martin Sportorno, perito en balística y licenciado en criminalística, quien formó parte del equipo que realizó la tercera pericia de la bala que terminó con la vida de Rafael. También hubo oportunidad de escuchar a la perito Agustina Oberti, quien volvió a confirmar que la bala coincide con una calibre 9 milímetros, munición de arma reglamentaria de fuerza de seguridad.

El primer testigo del miércoles fue Fernando Martín Baez, de Gendarmería Nacional, quien hizo las pericias de las prendas de Rafael Nahuel, Facundo Huala y Lautaro Gonzales. Su testimonio arrojó claroscuros sobre el discurso de cuerpo que las defensas de las fuerzas vienen ensayando, ya que relativizó la consistencia de las presunciones de residuos de pólvora en la ropa de los tres peritados: «(…) si una persona que haya disparado toca a otra, puede haber transferencia de residuos, lo mismo dentro de un patrullero en el que hubieron disparos» aclaró y tras asegurar en un informe de años anteriores que en las ropas «(…) encontramos partículas correspondientes a un disparo calibre 22» ahora dice que «(…) no podemos determinar el calibre». Se suma a este tenor que siembra dudas el hecho de que las combinaciones de los componentes químicos no coinciden con lo expresado en el informe. La querella se encargó de re-preguntarle una y otra vez sobre esta contradicción hasta que el gendarme terminó testimoniando que no encontraron partículas que coincidentes con un calibre 22

El segundo testigo de esta jornada, Daniel Converso, bioquímico participante en la pericia de análisis de disparo en las prendas de Facundo, Lautaro y Rafael fue bien claro a la hora de disipar dudas: «(…) que las pruebas fueran positivas no significa que la persona haya disparado», dijo y reforzó la idea técnico científica de que la posibilidad de que haya contaminación en las personas que no han disparado es frecuente y se presenta con asiduidad: «(…) siempre que haya una superficie contaminada puede haber una transferencia», aclaró. La querella le preguntó en este sentido sobre si puede haber contaminación si una persona es esposada por otra: «Si», respondió rotunda y tajantemente. Con respecto a la supuesta determinación del calibre 22 en el análisis de restos de pólvora, el bioquímico dijo «(…) que los componentes de las partículas sean compatibles con una calibre 22 lo pusimos como ejemplo, nosotros no teníamos información de las armas que se dispararon».

La tercera testigo del día miércoles, Adriana Serquis, doctora en Física con especialización en ciencias de materiales, miembro de la Comisión Nacional de Energía Atómica y -en el momento de los hechos- Jefa del Departamento de Especialización de Materiales, participó con su testimonio porque -a su debido tiempo- se le solicitó a su equipo un informe técnico de la composición de elementos químicos que encontraron presencia de antimonio, bario y plomo, que son las partículas características que se asocian a disparos. La doctora aclaró desde su expertiz lo que ya se había expresado en todos los testimonios anteriores, incluido el del gendarme Báez. Ella dijo que «(…) las transferencias pueden ser varias. En un automóvil, por ejemplo, que la persona apoye sus manos, el contacto con la ropa (de alguien que haya disparado), etcétera».

Con todos estos datos brindados, hay pruebas periciales suficientes como para poder ver que la estrategia de la defensa de las fuerzas de querer imponer la idea de que Rafael, Facundo y Lautaro estaban armados y que el operativo se realizó en un marco de “enfrentamiento” es falaz.

Mientras tanto, el abogado Rocchetti Marcelo Rochetti -quien patrocina a tres de los acusados- no deja pasar un día sin faltarle el respeto a este juicio con sus comportamientos provocadores y sus discursos periféricos plagados de subjetividades. Notable fue su comportamiento durante las declaraciones de la Dra. Adriana Serquis, interrumpiéndola todo el tiempo con opiniones personales y llamándola «señora» de manera afectada y sarcástica, siendo que siempre se dirigió a cada un de los testigos anteponiendo sus títulos profesionales u oficios ejercidos. Este comportamiento provocador del letrado ha sido recurrente durante todo el juicio y muchas veces fue matizado con apreciaciones que lindaron con el más puro racismo.

El juicio continuará la semana que viene y en la audiencia de este miércoles se supo, por propuesta de los abogados de la familia Nahuel, que esperan que el 26 y 27 de septiembre pueden empezar a declarar integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que viajarán a Fiske Menvko para prestar testimonio de manera presencial.

También declararán más peritos: Solís y Manzano, que son peritos del Centro de Investigaciones Federales de Salta, y Chocconi, Mandagarán, Parodi y Zambory.

También es bueno recordar que la semana pasada la querella hizo un pedido de hacer nuevamente una prueba ocular en el lugar de los hechos. El tribunal dio lugar al pedido y se fijó para algún día a fijar de noviembre, por cuestiones climáticas.

Cabe recordar a quienes pudieran no haber tenido demasiado contacto con la información vinculada a este caso, que los imputados por homicidio son cinco suboficiales de Prefectura Naval Argentina que participaron de aquel operativo del 25 de noviembre de 2017. Ellos son Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos, quienes pertenecen al grupo de elite Albatros.

La Confederación Mapuche de Neuquén acompaña al Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y a la familia de Rafael en el pedido de justicia completa por este crimen de odio racial en el que no solo existen responsabilidades directas de los efectivos que realizaron aquel operativo tipo cacería a cielo abierto, sino que también incluye responsabilidades políticas por parte de quienes detentaban el poder del Estado por aquellos días y protagonizaron una auténtica campaña de difamación e inducción al miedo social contra el pueblo mapuche.