Días pasados el medio de mayor tirada y acceso de toda la región le preguntó a Facundo López Raggi, el Ministro de Producción e Industria de la provincia: ¿Cómo se articula el desarrollo de Vaca Muerta con los derechos del Pueblo Mapuche?, pregunta que requiere una de las respuestas más elaboradas y conscientes que se puedan dar desde la función pública, sobre todo teniendo en cuenta que en su respuesta orbitan conceptos importantísimos de rango constitucional y clarísimos desde la legislación internacional. Sin embargo la elección del Ministro fue clara y sacó a relucir el más básico manual de negación y difamación:
«En Añelo históricamente no había comunidades originarias, y últimamente han surgido, claramente detrás de los recursos. Eso puede afectar el desarrollo de Vaca Muerta. Las tomas de campos atentan contra la seguridad jurídica y la propiedad privada, y configuran un delito. Hay tomas en lugares donde hace años hay privados trabajando e invirtiendo, con el título de propiedad correspondiente. Es una realidad. Necesitamos discernir cuales son las comunidades originarias reales y cuáles no.»
En función a estas desafortunadas declaraciones, habiendo una mesa de trabajo abierta en torno a temas importantísimos como el del relevamiento territorial en toda la provincia y existiendo a disposición del Ministro -o de quien él quiera designar de su equipo- decenas de informes académicos y documentos públicos de diferente índole que certifican y avalan la preexistencia, posesión y habitación comunitaria de territorios de familias mapuce en toda la zona, podríamos reflexionar lo siguiente como respuesta a su respuesta:
1. NO HAY COMUNIDADES NUEVAS. Las alegadas como nuevas, con todo el peso de la acusación de fraude argumental y discurso de conveniencia, son familias mapuce que exigen se respete sus derechos, todas ellas ejercen posesión desde incluso mucho antes que se fundara Añelo. Cuando estas familias comenzaron a ver que avanzaba el plan Vaca Muerta y la acción era de desalojo e intervención de sus territorios, comenzaron a realizar el mínimo acto de defensa, comenzando a manifestar su condición de “comunidades preexistentes” contemplados en la Constitución y fallos de la Corte Suprema.
2. SOBRE LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD. Es verdad que existen “títulos de propiedad privada”. La mayoría obtenidos en la década del ’70, durante la última dictadura militar, con los poderes del Estado intervenidos y en ausencia de derechos y garantías. Algunos de estos documentos fueron obtenidos de buena fe, pero una gran cantidad fue tramitado y otorgado de manera fraudulenta, en contubernios que incluía la discrecionalidad total por parte del poder local. Fueron las famosas tierras compradas «con la gente adentro”, inhumano y anticonstitucional término que aún hoy se suele escuchar hasta en los estrados de la justicia como un argumento de excusa por parte de quienes quieren hacer valer esos documentos por sobre lo que la Constitución dicta claramente. Allí entonces se da el debate de derecho entre “propiedad” y “posesión” que el Relevamiento ayudará a clarificar.
3. SOBRE LAS SUPUESTAS USURPACIONES. No hay actos de “usurpación” porque no se puede usurpar una tierra que siempre hemos ocupado y de la que nunca nos fuimos ni dejamos de habitar. En todo caso el usurpador es quien llegó luego y con todo tipo de violencia, abusos e impunidad pretende desterrar a familias preexistentes que NUNCA abandonaran sus tierras porque allí está su origen, su identidad, su cosmovisión, su historia familiar.
¿Alcanzarán estos argumentos para que un funcionario con rango ministerial deje de ofendernos con acusaciones infundadas y respuestas perezosas, sin fundamentos válidos y socialmente dañinas?
López Raggi es un ministro que hasta ahora nunca se dignó pararse, hacer una pausa, tomarse un mate con quienes estamos aquí, antes que cualquier miembro de su familia llegara a este suelo, con una mano adelante y otra atrás, y le diera el bienestar que hoy él detenta; el mismo que se nos niega desde que Neuquén es Estado.
Wigka Fvta Koyla!
