El Estudio de Impacto Ambiental elaborado por un grupo de especialistas, encargado por la empresa estatal Energía Argentina, encargada de la obra del Gasoducto Néstor Kirchner, se encargó de remarcarle al Estado Nacional que no tendrá seguridad jurídica si no aplica la Consulta a las Comunidades Mapuche como es deber y obligación que se desprende de la legislación nacional e internacional vigente.

El informe dice claramente que:

«(…)resulta imprescindible la implementación de ámbitos específicos de discusión y resolución de conflictos relacionados con los impactos, en los cuales las empresas y los superficiarios expresen sus inquietudes, necesidades y reclamos».

Y cuando refiere específicamente a las comunidades mapuce dice:

«Al respecto, un caso particular lo constituyen las comunidades mapuches, las cuales cuentan con específicas legislaciones que protegen sus derechos (legislación internacional, nacional y provinciales), temática que será tratada más adelante, y que requiere un abordaje particular (consulta previa, libre e informada)».

La letra de la ley por el cumplimiento del derecho a la consulta a los pueblos originarios, habitantes comunitarios de un territorio, siempre ha sido clara y ahora este informe suma un pedido de exigencia aun más taxativo al respecto. El gobierno nacional tiene todo en la mano para garantizar la seguridad jurídica en este caso. Nuestro pueblo permanece atento y espera ser consultado frente al inminente comienzo del trazado grueso de un gasoducto que modificará radicalmente la cotidianeidad de nuestras vidas (las humanas y la de todo el ecosistema) en los territorios por donde pase la obra.