El próximo 28 de agosto se cumplirán diez años de la ratificación y validación en la Legislatura neuquina del pacto entre la petrolera privada norteamericana Chevron y la estatal mixta YPF. La promesa social que camufló la irregularidad de este convenio a carpeta cerrada, disfrazado de convenio confidencial, fue la del progreso exponencial de la zona de explotación y del país en general. Todo sin daños ambientales y con la garantía de empezar a tener soberanía energética.

Diez años después, la realidad demuestra que todo aquello era “eldoradismo” del más puro: los impactos ambientales fueron y siguen siendo terribles (contaminación de suelos, de napas, de espejos acuosos y ríos, terremotos en superficie, polución aérea y una larga y desastrosa lista de etcéteras), enfermedades que ya comienzan a definirse como derivadas de la contaminación están empezando a multiplicarse en la población de la cuenca y -como si todo esto ya no fuera suficiente- los números, la balanza de las finanzas, tampoco cierran.

Según surge de trabajos de los economistas Gustavo García Zanotti y Marco Kofman de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (www.ejes.org.ar) que están fundados a su vez en datos del Banco Central, entre 2020 y 2022 el saldo negativo entre lo que ingresa y egresa al país por el tema Vaca Muerta fue de 13.489 millones de dólares, de los cuales cerca del 50% es fuga directa de divisas.

Pero este pasivo ambiental y económico que arroja Vaca Muerta arranca inclusive antes de aquel pacto desleal: cuando se decide nacionalizar YPF en 2012, ésta era una empresa apaleada y acechada por acreedores de todo tipo, sin posibilidades de tomar deuda por el estado en que la dejaron los españoles de Repsol. Por eso es que se tomó la decisión de asociarse a otra u otras empresas. El tema central a discutir era: ¿con cual y bajo qué condiciones?. Se realizaron reuniones con Total, Exxon o la china CNOOC.

Todas ponían condiciones parecidas: que el precio del crudo se basara en la cotización internacional, que pudieran liquidar divisas a sus casas matrices, exportación sin restricción alguna, etc. Es decir, control y total decisión sobre lo que se extraiga. Con este panorama de alianzas inconvenientes y usureras, dos cosas esenciales peligraban: la propia Ley de Soberanía Hidrocarburífera al contradecirla en la acción y aquel discurso épico de la recuperación de YPF al destrozarlo con un acuerdo leonino.

Allí es que emerge como preferida en la compulsa la petrolera norteamericana CHEVRON. Pero el acuerdo se demora por un “pequeño” detalle: desde Ecuador, la justicia cercaba a Chevron ante un fallo que obligaba a embargar los bienes de la empresa por el desastre ambiental y cultural que habían generado en la región de la amazonía ecuatoriana extrayendo hidrocarburos por la vía del fracking.

La justicia y el ejecutivo argentino se pusieron rápidamente de acuerdo: el embargo promovido por la Asamblea de Afectados de Chevron en Ecuador fue rechazado por la Corte Suprema de la Nación a pedido de la Procuradora Gils Carbó. Así se levantó inmediatamente la medida en nuestro país, liberando a una empresa prófuga de la justicia.

Además, debido a las restricciones cambiarias, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 929/2013 de promoción de las inversiones hidrocarburíferas que permitiría a Chevron exportar parte de la producción sin retenciones y la libre disponibilidad de dólares que esas operaciones podrían generar, lo que terminó de apuntalar el acuerdo.

Aquel acuerdo firmado el 16 de julio de 2013 es reconocido actualmente por la industria como fundacional, por ser el primer emprendimiento exploratorio de gran magnitud en la cuenca neuquina, con miles de millones de dólares de inversión.

A bordo de esta enorme mancha de ilegalidad aterrizó Chevron en nuestros territorios. Hoy, nos estamos acercando al décimo Aniversario de esa oscura mancha en la historia.

Entre el 16 de julio de 2013 y el 28 de agosto de ese año el lobby que se realizó en toda la Argentina fue tremendo. Por primera vez en muchos años medios de comunicación oficiales, estatales, privados y opositores se pusieron de acuerdo para transmitir casi sin interrupción un mensaje al unísono: el Fracking era un método extractivista limpio y seguro y estar en contra del pacto Chevron/YPF era ser anti patriota. En todos los medios se escuchaba, se veía y se leía cosas positivas del tipo: “Exploración y producción”. “Industrialización”. “Desarrollo de ductos”. “Trabajo”. “Infraestructura”. “Potencial de autoabastecernos”. “Exportar energía”. “Matriz Productiva argentina” y como cierre: “Soberanía energética”, a la par que se ridiculizaba o se ponían en tensión de descrédito a los discursos contra el fracking y contra el acuerdo con una petrolera judicializada internacionalmente por efectuar desastres ambientales sin dejar más que hambre en os territorios por donde arrasaba.

A pesar de esa campaña desinformativa y desleal, elegimos estar presentes y en manifestación desde la jornada anterior al tratamiento en la Legislatura de Neuquén del aval que exigía aquel pacto para tener por fin su cara “legal”. Fuimos porque el pueblo mapuche ya sabía perfectamente bien qué era el fracking y qué significaba para nuestros territorios y nuestra gente. No porque fuéramos visionarios esotéricos, sino porque la empresa Apache ya había instalado en años anteriores el primer pozo de fracking de la Argentina en la zona de Zapala, produciendo la destrucción por completo del territorio del Lof Gelay ko, y la muerte de su Logko. Cristina Linkopan muere el 14 de marzo de 2013 con treinta años de edad y un diagnóstico de hipertensión pulmonar. Debido a la contaminación de su territorio, agua y animales, es considerada como la primera víctima del fracking en Neuquén.

REPRESIÓN Y VOTACIÓN EN LA LEGISLATURA

Por todo esto fuimos a Legislatura en la víspera del aval, porque NADIE conocía los términos en que se le abría las puertas de Vaca Muerta a Chevron, porque el acuerdo no fue público y sobre él se cernía un secretismo irritante y a todas luces asimpétrico, tanto en lo económico como en lo ambiental. Pues a pesar de esto, de saberse que se estaba avalando algo que no se vio, el día anterior a la sesión ya era un secreto a voces que la mayoría de las y los Legisladores de Neuquén iban a votar positivamente, para dar a ciegas el aval que se estaba exigiendo para comenzar con la explotación.

Diversos sectores nos movilizamos y llamamos a esperar en las puertas de la Legislatura de Neuquén. Miles de personas marchamos durante la mañana del miércoles 28 de agosto desde el playón de la Universidad Nacional del Comahue hasta la Legislatura de Neuquén.

La que se supone es “la casa del pueblo”, tenía sus puertas cerradas por un cerco policial interminable y bien férreo. La respuesta a la movilización no se hizo esperar: dos rukas (casas) mapuche quemadas en territorio del Lof Campo Maripe, muchos heridos por la represión que se desató en contra de los manifestantes y una bala de plomo en el pecho de un profesor de la UNCo. Así respondieron a la manifestación popular. Ese día, la policía provincial llevó adelante una de las represiones más extensas que se recuerden en la ciudad, que comenzó por la mañana y duró hasta las 17 de ese día. Los diputados que no conocían el pacto a firmar, observaron la represión al pueblo, como espectadores de un circo romano.

Ese día, el fracking llegó a nuestros territorios y a los de una comunidad neuquina trabajadora, campesina y suburbana con discursos de progreso, sí pero con armas de represión. Hasta ahora han traído desastres ambientales como las toneladas de «basura petrolera» acumulada, alteración y contaminación de nuestras fuentes acuíferas, enfermedades y terremotos. Por todo esto: no estamos dispuestos a olvidar, mucho menos a bajar los brazos en nuestra lucha por la reparación de nuestros territorios y la exigencia férrea de un alto a este ecocidio en nombre del progreso.